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Por si aún quedaban dudas, se confirma que el principal comprador privado de la Expo, seguros DKV,  no hará efectiva su reserva de 8.334 metros cuadrados, por la que iba a pagar 24 millones de euros.

Cada vez va quedando más claro que el  parque empresarial de la Expo tendrá instituciones, porque empresas de momento tiene dos, una de ellas con una seria reducción del espacio previsto.

Fuegos de artificio en la clausura de la Expo. Toda una alegoría.

A la parálisis casi total de ventas desde que terminó la Expo 2008 y a las renuncias y rebajas de acuerdos por parte de compradores privados se une ahora que DKV, la empresa que más suelo había reservado de las que faltaban por firmar, no se instalará finalmente en Ranillas.

La aseguradora había reservado hace año y medio 8.334 metros cuadrados, operación que se iba a cerrar en 24 millones de euros. Desde entonces, DKV ha tratado de renegociar con Zaragoza Expo Empresarial un reajuste del precio que tuviera en cuenta la bajada generalizada de precios que se está dando en todo el sector inmobiliario. Sin embargo, según reconoce la propia sociedad estatal, no hay intención de poner condiciones más ventajosas por el suelo de Ranillas.

Es curioso constatar que el principal motivo por el que DKV finalmente renunciará a instalarse en Ranillas es la excesiva presencia de sedes de la administración, en lo que se había vendido como un espacio para la empresa privada, con lo que se debía recuperar la astronómica inversión pública.

De hecho, para renunciar al contrato la aseguradora hará uso de una cláusula que recogía que si Zaragoza Expo Empresarial destinaba más del 30% del recinto a usos no empresariales, podrían rescindir la reserva. Los espacios que destinará la DGA a los nuevos juzgados supondrán, precisamente, el 30% del suelo total del parque empresarial, que tiene 165.000 metros cuadrados destinados a oficinas.

Recapitulando sobre lo acontecido en el presunto parque empresarial nos encontramos con que la primera renuncia de suelo fue la del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, que en junio del año pasado decidió no ejecutar la opción que tenía sobre una de las plantas del recinto.

Después, en octubre, el Grupo Jorge formalizó la compra de 1.700 metros cuadrados, con una opción que podría ampliar el espacio hasta los 3.536 metros cuadrados. Sin embargo, esta extensión no es sino un 20% de lo previsto inicialmente. Además, Master-D, que reservó una superficie similar a la de DKV, quería renegociar el precio del suelo y a punto estuvo de olvidarse de Ranillas. De momento no ha firmado nada. Así, solo dos empresas privadas han asegurado su presencia en el Actur, el mencionado Grupo Jorge y el Banco Popular.

Todos los demás compromisos formalizados son con administraciones públicas, como  la Jefatura Central de Tráfico, dependiente del Gobierno central y  la corporación pública de RTVE.

El gran desembarco de las administraciones llegará con la DGA, que ocupará seis edificios, destacando especialmente la ciudad de la justicia, para lo que se reconstruirán 50.000 m2.

De nuevo más inversión pública en la pos Expo, que parece el cuento de nunca acabar, tras saberse que las pérdidas de Expoagua fueron de 500 millones de euros y que las reformas que se están acometiendo aún no tienen presupuesto final. Todo ello presenta un panorama bastante claro, como es que la gran cantidad invertida en la construcción y, a posteriori en la reforma del recinto de Ranillas, difícilmente será recuperable, al margen de los costes de mantenimiento que generará a posteriori y para siempre el recinto, que mantendrán las propias administraciones.