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Se vendió de cara a la galería que la post-Expo se iba a pagar con la aportación de la iniciativa privada y que todos los edificios de la Expo encontrarían un aprovechamiento rápidamente. De momento el parque empresarial se ha convertido en un parque institucional, al que muchas instituciones van a ir a regañadientes y sin consenso entre las propias administraciones.

Idílica imagen de la post-Expo

Todas las sedes judiciales de Zaragoza, salvo el Tribunal Superior, se trasladarán al meandro de Ranillas. Las obras de adaptación de las dependencias se iniciarán a lo largo del 2010 y se podrían prolongar también durante el 2011, año en el que se acometería el traslado. Eso sí, una decisión tomada de forma totalmente unilateral por la DGA, sin el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, ni de los profesionales del Derecho, que ven cómo se va a trasladar su centro habitual de trabajo a varios kms de sus despachos profesionales.

Para variar, aún no está claro cómo se financiará el traslado, ni el coste total. Pero la consejería, con su presupuesto no podrá hacerse cargo, por lo que el Gobierno tendrá que destinar una partida específica para esta actuación.

Las dependencias de Justicia ocuparán unos 50.000 metros cuadrados, aunque quizás sean más, según declaraciones del consejero de justicia. Es decir, todo el edificio Actur, donde estaban los pabellones de las comunidades autónomas, y posiblemente también el pabellón de Aragón, auténtico mamotreto que ha ido pasando de mano en mano, como la falsa moneda, y que ninguna institución quería para sí misma.

Pese a todo el Registro seguirá ubicado en algún punto del Casco Histórico, presumiblemente en el semiabandonado y siempre pendiente de reforma Palacio de Fuenclara. Eso sí, estas actuaciones ya quedan pendientes para después de 2011.

Por otro lado, el acuerdo entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Hacienda para el pago de parte de las mermas tributarias con los edificios Expo es ya un hecho y el Ejecutivo aragonés ya trabaja en la redefinición de los espacios que quiere ocupar en el futuro parque empresarial ahora que va a ser dueño mayoritario del suelo disponible y no tiene que pagar por comprar el inmueble, habida cuenta de que se ha pagado con creces, aunque sí por su reforma. Una previsión que pasa por reservar “entre 20.000 y 25.000 metros cuadrados más” de los 49.000 que tenía apalabrados.

Aunque falta afinar al máximo las necesidades de cada departamento para saber dónde instalar a cada uno. A finales de año se cederá la propiedad, se podrán licitar los trabajos de reconversión “entre enero y febrero del 2010″, adjudicarlos “en marzo o abril” e iniciar las obras “en junio”, según fuentes de la propia DGA. Así, todas las sedes estarán operativas “a finales del 2011 o principios del 2012″.

Total, sacando cuentas, la DGA se va a quedar con prácticamente la mitad del recinto entre diferentes instituciones, a lo que hay que sumar la Jefatura Provincial de Tráfico, la Tesorería de la Seguridad Social y RTVE, mientras la iniciativa privada se hará con un exiguo 10% del mismo.

Un parche en toda regla que a nadie beneficia y que redundará en mayores emisiones de contaminantes por el desplazamiento de miles de vehículos diarios a un recinto que de momento no cuenta con planes para su “emblemática” Torre del Agua.

Una imagen del recinto a 19-11-09

autor: Primo Romero