ZH2NO

El proyecto Gran Escala surge de la mano de la promotora International Leisure Development (ILD) creada específicamente para este fin. Dicha firma adopta la fórmula legal de Sociedad Pública Limitada y agrupa a varias empresas de todo el mundo. La función de esta SCL es buscar inversores que sufraguen los 17.000 millones de euros que en principio costará la puesta en marcha del complejo.

Este proyecto se presenta por primera vez en la feria internacional IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions) a la que acuden una serie de políticos aragoneses. Desde ese momento todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Aragón, excepto IU, se comprometen con la realización del proyecto, especialmente el Partido Aragonesista Regionalista (PAR) y el PSOE. El actual gobierno ha prometido hacerse cargo de los costes que conlleva realizar todas las infraestructuras externas al complejo: carreteras, estación del AVE, servicios sanitarios, los canales para el agua, etc.

Gran Scala es presentado como un “salvavidas” para esta población que lleva años esperando que las autoridades hagan caso a sus demandas. Se trata de un macro-complejo urbanístico, de 2000 Ha. aproximadamente, diseñado para atraer el turismo de masas: las cifras que se barajan son del orden de 25 millones de visitantes al año aparte de las 100.000 que habitaran en él de forma constante.

Planteamiento de la problemática y críticas al modelo de desarrollo a Gran Scala

Ante la puesta en marcha de un proyecto de tal magnitud planteamos una serie de dudas e inquietudes que ningún responsable político ha querido responder. Las hemos dividido en:

Dimensión socio-política

Absolutamente todos los acuerdos y las decisiones tomadas hasta ahora entre los representantes políticos de Aragón y los promotores del proyecto han sido realizados a espaldas de la sociedad civil implicada. Los pertenecientes al PAR reconocen haber mantenido conversaciones desde finales de 2006, es decir, antes de las últimas elecciones municipales. Sin embargo no lo anunciaron hasta noviembre de 2007, un año más tarde. A todo esto se suma el hecho de que el proyecto se presenta ya cerrado sin que se haya dado el más mínimo proceso de debate y participación. Ambos hechos contradicen el espíritu de una democracia mínimamente transparente y participativa.

Por otra parte, la transformación en materia legal que requiere Gran Scala es pasmosa. Para empezar ha de sustituirse la ley reguladora de los juegos de azar que actualmente prohíbe más de un casino por provincia, por otra que no imponga límite alguno a la proliferación de estos centros; sin tener en cuenta los problemas de ludopatía que ello conlleva. Este cambio no responde a una petición de la ciudadanía sino que responde directamente a los intereses económicos de los promotores del proyecto. Exigir la modificación de unas normas cuya función es proteger al ciudadano desde un principio, es muy distinto a hacerlo en el transcurso de un proceso de adaptación y transformación económica. Puede ser visto como un indicador de que Gran Scala se niega a acatar las decisiones que los poderes públicos disponen en Aragón en materia legislativa, lo cual supone consiguientemente una traslación del poder político-legislativo de las instituciones democráticas hacia un poder económico no legitimado, es decir la aparición de mafias1. Respetar las condiciones “autóctonas” de un lugar (ya sean ambientales, culturales o legales) es básico para asegurar la sostenibilidad de cualquier proyecto.

Dimensión socio-económica

En primer lugar, este proyecto pone en peligro la supervivencia del pequeño comercio de la zona pues las empresas multinacionales pueden reducir artificialmente sus precios por debajo de sus costes para hacerse con el mercado de sus competidores y obligarles a cerrar.

En segundo lugar, se hace hincapié en la creación de 60.000 puestos de trabajo directos pero no se habla de la calidad de esos nuevos empleos. Y es que, la única forma de hacer que tal cantidad de empleos cuadre con los presupuestos que han presentado hasta ahora es implantando el modelo “americano” de contratación, caracterizado por unos sueldos ridículos que “compensan” con propinas, nulas prestaciones por enfermedad y una temporalidad y flexibilidad extremas.

Tercero pero igual de importante, no existe ningún estudio de viabilidad económica serio e independiente, lo cual es básico para un proyecto de esta magnitud, más si tenemos en cuenta la precaria situación económica de algunos de los parques temáticos más importantes del país. Corremos el riesgo de que se trate de una maniobra destinada al enriquecimiento de las constructoras carente de una perspectiva de futuro real.

Dimensión ambiental

Monegros posee un ecosistema estepario único en Europa, lo cual ha llevado a crear 103.000 has. de zona ZEPA y 11.700 más de LIC2. Aparte del riesgo que la urbanización masiva y la construcción de nuevas infraestructuras supone para estas zonas, está el problema del agua y es que Gran Scala puede convertirse en un competidor para los agricultores de la zona. Además, no podemos olvidar que los canales utilizados para transportar el agua a las zonas de regadío son vaciados en invierno para llevar a cabo las reparaciones necesarias debido a que están diseñados para un uso agrícola y no para abastecer de agua de boca a un asentamiento urbano que precisa suministro durante todo el año.

Por último, la baja densidad de población de Los Monegros hace que sea una zona privilegiada para la observación del cielo. De llevarse a cabo el proyecto, las emisiones lumínicas impedirían el disfrute que supone esta actividad.

Alternativas de desarrollo

En contra de lo que quieren hacernos creer desde la administración, existen alternativas de desarrollo para la zona que no implica contrapartidas negativas para el territorio y sus gentes. Dos ejemplos:

1. Parque de energías renovables: Esta propuesta trata de aprovechar dos recursos abundantes en el territorio: la cantidad de horas de sol y el cierzo. El abastecimiento energético renovable es indispensable para asegurar un desarrollo respetuoso con el medio ambiente. Actualmente estas dos tecnologías, la eólica y la solar, son las más eficaces en cuanto a generación de energía. Aquello que siempre ha estado mal visto en la zona puede convertirse de la noche a la mañana en un elemento clave generador de riqueza local.La inversión pública y privada en este sector es necesaria para asegurar una alternativa viable de desarrollo. La implantación de esta tecnología generaría puestos de trabajo en el mantenimiento de las infraestructuras y la propiedad de estas estaría mucho más distribuida que la de las energías fósiles. Una resolución legal a nivel municipal o comarcal que ordenase el suministro de energía renovable para las viviendas y naves industriales de nueva construcción sería una herramienta clave para impulsar esta propuesta que ayudaría a reducir la dependencia energética respecto del exterior.
2. Impulsar la industria agroalimentaria ecológica: Se trataría de aprovechar las infraestructuras existentes y los conocimientos acumulados durante siglos en torno a la principal actividad económica de la zona para producir productos agro-ganaderos que serían transformados en plantas manipuladoras de alimentos (conserveras, fábricas de embutidos vegetales, etc.) de la propia zona. De ese modo se crearían nuevos empleos, la riqueza se quedaría en el mismo territorio y los productos contarían con un valor añadido que generaría beneficios superiores a los que conlleva la venta directa de materias primas, como el grano o el forraje, que predomina en la actualidad y que además incumple todos los requisitos de sostenibilidad: no es eficiente ya que precisa de más calorías de las que aporta el consumo de su output, depende completamente de las subvenciones europeas, reduce drásticamente la agro-biodiversidad por el abuso del monocultivo, utiliza todo tipo de fitosanitarios contaminantes, apuesta por una simiente patentada y modificada genéticamente y su producción recorre miles de kilómetros hasta su destino final.

Conclusiones

Desde una perspectiva que tenga en cuenta todas las parcelas de la sociedad, el proyecto Gran Scala resulta a todas luces insostenible. Crear de la nada una ciudad que multiplica por cinco el número de habitantes de la zona puede tener consecuencias desastrosas. Todo desarrollo urbanístico ha de ser lento y ordenado para evitar desequilibrios sociales extremos y daños ecológicos irreparables. El objetivo del desarrollo no ha de ser el crecimiento por el crecimiento, sino procurar que la gente que habita el territorio lo haga en las mejores condiciones posibles. Para ello debemos entender que una situación estacionaria, demográfica y de capital, no implica una detención del desarrollo humano, sino más bien al contrario, pues habría más tiempo para dedicar al arte de vivir y a resolver las situaciones injustas que han derivado del desarrollo sin límites que ha imperado hasta ahora.