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Dicho y hecho. No hace ni un mes que coleaba de nuevo el asunto de Gran Scala y el fraude que había supuesto. En esta página nos hacíamos eco y comentábamos que los responsables del que iba a ser el proyecto más importante de Aragón desde los Reyes Católicos según José Ángel Biel, se había convertido en humo.

Ahora nos enteramos que el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza ha comenzado a emitir órdenes de embargo sobre las opciones de compra suscritas por un centenar de vecinos de Ontiñena a favor de ILD, el consorcio que se presentaba como el promotor del macrocomplejo de casinos y parques temáticos Gran Scala. Es el enésimo motivo de estupefacción generado por el más enrevesado embrollo político-empresarial del que hay noticias en Aragón.

Los embargos se han producido dentro del proceso de ejecución de la sentencia –confirmada por la Audiencia Provincial– por la que el juez condenó a ILD Spain a pagar 190.064 euros –167.542 de principal y otros 22.522 por intereses de demora– al despacho de abogados Garrigues por honorarios adeudados de la época en la que se encargó del asesoramiento legal del consorcio.

Lo más chocante del auto es que el Juzgado reconoce que es el único bien que ha encontrado a nombre de la sociedad. Osea, que una empresa que afirmaba iba a invertir 17.000 millones de euros y crear 60.000 puestos de trabajo en el proyecto no tiene tan siquiera una triste nave, edificio o solar. Muy significativo.

Definitivamente, nos reafirmamos, Gran Scala ha terminado por ser Gran Estafa.