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A fecha de hoy los promotores, ILD, se han esfumado, los responsables políticos del asunto no han asumido ningún coste por el timo magistral, no sólo eso sino que José Ángel Biel sigue con su PAR en puestos de responsabilidad y a los que creyeron en el proyecto se les ha debido quedar cara de bobo.

Cuatro años después, Gran Scala –una inversión de 17.000 millones de euros que iba a crear 60.000 empleos y atraer a 20 millones de turistas al año– no ha pasado de ocurrencia, a pesar de que sus propagandistas se refirieran al macrocomplejo de casinos y parques temáticos que iba a instalarse en los Monegros como “el proyecto de mayor importancia desde la boda de doña Petronila”.

La cosa ya prometía desde el principio con sus elementos promotores: varias empresas radicadas en paraísos fiscales y alguna de ellas en quiebra técnica que anunciaban miles de millones de la mano de los principales operadores mundiales de varios sectores del juego, el ocio y la hostelería. Los tres directores del consorcio: Paul Stephan Allegrini, Sebastian Tranchant, y Pierre Louis Amancic, eran tres perfectos desconocidos, vinculados a personajes tan turbios como el “empresario” francés Dedé el Sardina.

En aquella firma protocolaria la DGA se comprometió a “impulsar la ejecución de las infraestructuras necesarias para el acceso”, a “facilitar la gestión de suministros energéticos, eléctricos, agua, gas, comunicaciones” y, además, a “adecuar la normativa administrativa”. Todo esto se tradujo, entre otras cosas, en la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, ni más ni menos que una ley hecha a medida de Gran Scala por la que se daba poco menos que patente de corso al negocio de los casinos en Aragón.

Y entre unas cosas y otras, promesas increíbles y políticos escondiendo la cabeza cual avestruz, hemos llegado a los cuatro años de distancia sin que nadie se haga cargo de nada.

El pasado 10 de octubre venció el plazo para que ILD efectuara el pago del último plazo de las opciones de compra de los terrenos de Ontiñena donde anunciaron la instalación de Gran Scala, sin que se haya hecho efectivo. De la colección de auténticos trileros que promocionaban el engendro poco más se sabe, aunque lo que sí se conoce a estas alturas es que otro proyecto similar, el Reino de don Quijote, en Ciudad Real, ha terminado en estrepitoso fracaso y concurso de acreedores.

La excusa de la anterior DGA (Aunque conviene no olvidar que también el PP aprobó la Ley que permitía Gran Scala) es que no costó dinero, lo que no es del todo cierto puesto que el sarao inagural ya costó 180.000 euros y las gestiones legislativas se hicieron por funcionarios públicos, lógicamente.

Pero es que además se quedan muchas preguntas en el tintero tras la estafa monegrina, como por ejemplo ¿Cuánto vale el tiempo y esfuerzo de las cortes aragonesas que dedicaron su trabajo a hacerles una ley a la medida? ¿Y el tiempo de los funcionarios? ¿Y el tiempo perdido por los ciudadanos que en vez de discutir cosas serias se dedicaban a discutir sobre humo? ¿Y cuánto vale el desprestigio y la sensación de tomadura de pelo?