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Han pasado ya varios meses tras la conclusión de la Expo 2008 y tenemos la absurda Expo 2014 en perspectiva. Aún no sabemos nada de las cuentas definitivas y por lo visto tampoco se sabe muy bien qué hacer con los edificios, un mal endémico a todo este tipo de eventos.

Así pues, la fórmula eternamente repetida en muchos de estos saraos va a aplicarse también para la Expo zaragozana y es que las instituciones públicas terminen comiéndose con patatas edificios que difícilmente pueden encajar para cualquier uso empresarial o comercial, al margen de lo puramente lúdico.

La DGA trasladará a 2.104 funcionarios a su nueva sede administrativa en la Expo. Se quedará el 25% del recinto, pagará 99 millones y lo estrenará a principios de 2011. Concentrará Educación, Justicia, Servicios Sociales, Medio Ambiente y Trabajo.

La operación, supondrá la creación de un macrocomplejo de 46.000 metros cuadrados, al que se sumará el pabellón de Aragón. Para hacer frente a semejante inversión, la administración recurrirá al renting o a una operación financiera similar que no implique desembolsar tanto dinero de golpe.

Todo ello resulta especialmente chocante, teniendo en cuenta que la DGA ha soltado millones de euros para la Expo e incluso en mayo de 2008 tuvo que pedir una ampliación de capital de 150 millones de euros para invertirlos en la muestra.

Pero el gasto no termina allá, puesto que el edificio estrella, que será el pabellón de Aragón, precisará de costosas obras de adaptación a su nuevo uso como sede de Educación y Cultura. Sus dos plantas podrían convertirse en cuatro con la construcción de dos forjados intermedios.

También parece que finalmente irán a parar a la Expo buena parte de las instalaciones judiciales, tras una polémica generada desde los medios de comunicación sobre la falta de instalaciones judiciales. El reparto de los pabellones aún se debe cerrar, aunque ya está claro que tres de los cinco edificios del bloque del Actur concentrarán hasta 35 unidades judiciales. Ahora bien, esto también costará pasta extra y nuevas obras, que no estarán concluidas antes de tres años.

Pero, lógicamente, no debemos quedarnos sólo en la lectura del nuevo gasto, hasta el momento prácticamente incalculable, en la reforma, sino de los nuevos costes, del cambio del equilibrio urbano de la ciudad, al tener que desplazarse ciudadanos y funcionarios, muchos de los cuales lo harán en vehículo privado. O mucho más de la cuestión fundamental: si existe algún proyecto más al margen de mantener el acuario y convertir toda la Expo en instalaciones de la administración pública que habrá que reedificar y mantener con un coste desconocido que se sumará al coste, hasta el momento también desconocido, de la Expo.